La renegociación de los contratos de concesión de telefonía fija en 2015 debería incluir obligaciones relativas a los servicios de internet y banda ancha de calidad, evalúa el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo. En su visión, esa sería una forma de acelerar el proceso de expansión de estos servicios. La contrapartida a las operadoras sería una posible extensión del plazo de los contratos de telefonía fija, que vencen en el año 2025.

La presidenta de brasil, Dilma Rousseff, prometió durante la campaña electoral implementar un plan de universalización de la banda ancha. La meta, según Bernardo, es conectar el 90% de los municipios brasileños en cuatro años. Hoy, el 47% de ellos tienen enlaces con fibras ópticas. Para llevar esta infraestructura a los demás municipios, el gobierno estima gastar$ 10 mil millones. El gobierno tiene la intención de hacer subastas inversas para dividir esta cuenta con el sector privado, incluso en las zonas menos rentables. En este caso, la empresa que pedir menos subsidio lleva.

Según Bernardo, la negociación de inversiones en infraestructura de internet en el marco de la renovación de los contratos de concesión de telefonía fija serían independientes del programa de banda ancha para todos. "El gobierno no va a condicionar una cosa a otra", dijo. Pero evalúa que es razonable incluir el tema en las discusiones, hasta por la menor demanda por servicios de telefonía fija delante del crecimiento de la telefonía móvil.

Las empresas de telefonía fija tienen una infraestructura que podría ser aprovechada para alcanzar los objetivos del gobierno y que puede perecer, en palabras de Bernardo, sin un cambio en los contratos. "Extender la fecha de 2025 para viabilizar esto es una de las alternativas. Como en el año 2015 está prevista una primera revisión de los contratos de telefonía fija), vamos a poner en la mesa la posibilidad de cambiar eso", afirmó.

El ministro dijo además que alrededor de 70 millones de dispositivos smartphones deben ser vendidos en Brasil en este año, casi el doble del total del año pasado (36 millones). Bernardo también defendió la reducción del número de monederos en el País, que "prácticamente no se utilizan".